Incrementan en un 12 por ciento denuncias ambientales atendidas por la ProAm  

– La construcción de fraccionamientos y el manejo inadecuado de residuos fueron las denuncias más constantes

Morelia, Mich., a 28 de diciembre de 2019.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), atendió durante el 2019 un total de 131 denuncias ambientales, lo cual representa un 12 por ciento más que las que se recibieron el año anterior.

En el año 2018, la ProAm abrió 168 expedientes, de los cuales 117 fueron por denuncia ciudadana y 51 de oficio, mientras que este año se abrieron 210 expedientes, 131 por denuncia y 80 de manera oficiosa, lo cual se traduce en más irregularidades denunciadas atendidas por el Gobierno de Michoacán, a través de esta dependencia.

A decir de Juan Carlos Vega Solórzano, Procurador de Protección al Ambiente, dicho incremento obedece a que “las y los michoacanos son más conscientes de que para un desarrollo sostenible es necesaria su participación mediante la denuncia ciudadana, ahora saben que cualquier obra o actividad fuera de norma nos perjudica a todos y nos lo hacen saber a través de sus denuncias”.

Asimismo, indicó que el compromiso del gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo es escuchar las necesidades de las y los michoacanos y buscar los mecanismos necesarios para atenderlas, es por ello que también se percibió un incremento en la cantidad de expedientes abiertos, así como en las actuaciones que se realizaron por oficio.

Cabe señalar que de las más de 250 actuaciones y visitas realizadas por el personal de la ProAm, la mayor parte se generaron en la ciudad de Morelia, dando como resultado un total de 34 inicios de procedimiento en este municipio; mientras que el resto, se dieron en municipios como Uruapan, Tarímbaro, Jacona, Pátzcuaro, Zirahuén, Zamora, La Piedad, entre otros.

Durante 2019 las denuncias ciudadanas en materia ambiental más constantes, fueron la construcción de fraccionamientos, el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, construcciones y la operación inadecuada de industrias de competencia estatal.

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