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Logra PGJE más de 2 mil 700 acuerdos reparatorios en región Morelia

– En 2018, a través de acuerdos derivados de la mediación y conciliación, se recuperaron más de 38 millones de pesos traducidos en inmuebles recuperados y el pago de reparación del daño

Morelia, Mich., a 29 de enero de 2019.- Durante el 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), logró un total de 2 mil 785 acuerdos reparatorios que fueron aceptados por víctimas de delitos que se vieron beneficiadas a través de procedimientos de mediación y conciliación, de acuerdo a lo previsto en el Sistema Penal Adversarial.

Lo anterior, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, tiene como propósito dar solución, a través del dialogo, a controversias que surjan entre miembros de la sociedad por motivos de denuncia o querella, lo que permite agilizar procedimientos y la resolución de temas una vez que ambas partes han llegado a un acuerdo.

Derivado de este mecanismo, se logró la restitución de 29 inmuebles que habían sido despojados a sus propietarios, con un valor de 28 millones 245 mil 437 pesos, mientras que 10 millones 655 mil 859 pesos, fueron entregados a los ofendidos por motivo de reparación del daño.

En este tenor, Manuel Antonio De Paz Cruz, titular del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la PGJE, detalló que los delitos más recurrentes en estos procesos son robo, lesiones y daño en las cosas, lo que ha permitido que personas víctimas de estos ilícitos recuperen su patrimonio y obtengan la reparación del daño.

Asimismo, aseguró que este procedimiento es realizado siempre y cuando exista voluntad de ambas partes para dar solución al conflicto, lo que permite un importante ahorra en tiempo y dinero para los agraviados.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado ratifica su compromiso de cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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